Cuando estalló la guerra en Siria, Ryman Homsi contaba 32 años, casi todos vividos en una silla de ruedas. Natural de Alepo, en 2017 logró abandonar el país con la ayuda de su familia y establecerse en Ankara, la capital turca.
Ryman es uno de los 4 millones de refugiados sirios que Turquía ha recibido en los últimos años. Se trata de la cifra más alta en todo el mundo, en un país que en 2021 rozó los 85 millones de habitantes (UNHCR Global Trends -Forced Displacement 2020).
Fuente foto: UNFPA |
El
esfuerzo y aplicación de fondos que realizan organizaciones sociales y
autoridades nacionales e internacionales resulta insuficiente ante el aumento
de los movimientos migratorios, el rápido crecimiento de la población y la
pandemia, circunstancias que vienen a agravar la, de por sí, complicada
situación de las personas migrantes que sufren alguna discapacidad.
Las cifras mundiales, además, son impactantes: ACNUR estima que el 15 % de las personas sufre alguna discapacidad, de modo que, superándose los 84 millones de personas forzosamente desplazadas durante el 2021, unos 12 millones de ellas son personas con discapacidad.
Las
dificultades diarias que este colectivo enfrenta aumentan en condiciones de
emergencia. De hecho, en una encuesta realizada por las Naciones Unidas en
2013, entre 5.000 personas con discapacidad de 126 países, solo el 20 %
podría ponerse a salvo de manera rápida y sin dificultad en caso de una
emergencia inmediata, el 6 % no podría hacerlo en absoluto (UN global survey explains why so many
people living With disabilities die in disasters, UN Office for Disaster Risk
Reduction, 2013).
La realidad es que, a menudo, solo hay dos opciones para sus familias: arriesgar la poniendo a salvo a una persona con discapacidad o dejarla atrás. Los programas de acción humanitaria no contemplan su opinión ni sus necesidades, no se planifican instalaciones WASH adaptadas, ni diseños universales. Con frecuencia, no pueden ser atendidos por un médico especializado ni acceder a transporte y demás servicios. Irremediablemente, la emergencia produce en las personas con discapacidad un impacto negativo mayor que en otros colectivos y, específicamente, en el caso de las mujeres y las niñas, un altísimo riesgo de ser víctimas de violencia de género, abuso sexual o contraer enfermedades de transmisión sexual.
Fuente foto: UNFPA |
En
el caso de Ryman, tal como ella misma cuenta, tuvo la fortuna de que un
día la llamaran por teléfono: “Me dijeron que había un centro que
facilitaba servicios a las personas con discapacidad y a sus cuidadores. Me
hizo muy feliz escuchar que había un lugar en el que podrían ayudarme” (“Refugees with disabilities find hope
in Turkey”). En ese
lugar que Ryman había soñado, le ayudaron con la lengua, le dieron ideas para
que pudiera ganarse la vida y le prestaron asistencia médica y psicológica.
El
Centro para Personas con Discapacidad Refugiadas es el resultado de una triple alianza
alcanzada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Dirección General de Ayuda
Humanitaria de la Unión Europea (DG
ECHO) y la
Asociación para la Solidaridad con las Personas que buscan Asilo y Migrantes (SGDD-ASAM). Esta alianza ha cristalizado en el Proyecto para incrementar el acceso a
servicios de protección de refugiados y personas con discapacidad, que da cobertura a este Centro, en el
que se ofrecen vehículos para personas con movilidad reducida, servicios de
protección, asesoría, ayuda psicológica, asistencia para la prevención de la
violencia de género y otros recursos encaminados a incrementar la resiliencia y
autoestima de las personas con discapacidad refugiadas.
Con
el tiempo, Ryman se ha convertido en voluntaria del Centro y acompaña a
personas como ella: “Sentí que debía hacerme fuerte psicológicamente y me
hice la promesa de que los obstáculos que aparecieran en mi vida no me
afectarían”.
El
pasado mes de diciembre, los días 15 y 17, se celebraron sendas reuniones en
las ciudades turcas de Ankara y Esmirna, en las que el Proyecto está presente.
En ellas, el Comité para las Personas con Discapacidad, constituido por
miembros del Centro, administraciones, organizaciones y representantes de la
sociedad civil y ONU, realizan distintos talleres y debates, fomentando el
diálogo sobre los desafíos y encontrar soluciones
flexibles. Ryman compareció en la reunión de Ankara como directora del
Comité de Personas con Discapacidad.
Fomentar
la participación de las personas con discapacidad en los asuntos que les
afectan, interpretando el Derecho Internacional Humanitario desde el espíritu
de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad
(muy especialmente, su artículo 11) y observando el mandato específico
contenido en el Pacto Mundial sobre los Refugiados
(2018), la Carta sobre la Inclusión de las Personas
con Discapacidad en la Acción Humanitaria y la Resolución 2475 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas,
tal como ha sucedido en la unión de UNFPA, DG
ECHO y SGDD-ASAM, seguirá brindando oportunidades para
las personas con discapacidad y el pleno desarrollo y ejercicio de sus
derechos.
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